Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente de la Nación anunció una serie de iniciativas con la intención de recuperar la agenda y blindar el modelo, en línea con los pedidos de los organismos internacionales y de “los mercados”.
No sorprende su mención a la posibilidad de avanzar con un mecanismo de cierre del Estado (shutdown), que requerirá tratamiento parlamentario. Actualmente en Argentina, por ley, ante la falta de aprobación de un presupuesto se prorroga el del año anterior, para evitar que el Estado deje de funcionar.
Aunque prácticamente es el único país que aplica un mecanismo de “cierre”, Estados Unidos sería el ejemplo a imitar para el gobierno argentino. Allí, si el Parlamento no acuerda un nuevo presupuesto, se paralizan ciertas actividades del Estado. En los hechos, el “cierre” ha implicado la suspensión de actividades y la licencia sin goce de sueldo de miles de trabajadores/as norteamericanos/as.
A su vez, en nuestro país, el Ejecutivo, con el margen de maniobra que habitualmente le otorga el Congreso, suele actualizar las partidas durante un mismo ejercicio, para evitar la licuación de las mismas ante cambios en los precios que excedan la inflación proyectada en el Presupuesto. Por caso, el actual considera como parámetro para gastos e ingresos una inflación minorista del 10,1% para todo 2026, cuando a junio el IPC arrojó un aumento acumulado del 16,8%.
El segundo anuncio es que se buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central, para retornar a la situación previa a 2012. El proyecto está en consonancia con la idea de que la inflación es un fenómeno “estrictamente monetario”, una tesis que no se verifica en la realidad.
Los principales ejes planteados pasan por preservar el valor de la moneda como objetivo exclusivo, prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional, y darle a la autoridad monetaria la independencia que precisa para “resistir” las políticas distributivas de futuros gobiernos que intenten lograr un crecimiento con equidad.
Sobre el tema, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en conferencia de prensa: “seguimos preocupados por el futuro, en algún momento Javier Milei dejará de ser presidente” y agregó que podría “volver el populismo”. Por su parte, la vocera del FMI, Julie Kozack, celebró el anuncio y señaló: “todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación que es, por supuesto, una prioridad clave”.
Si bien el gobierno y el FMI están en sintonía, estos proyectos intentan tranquilizar a los inversores prometiendo que, gane quien gane las elecciones, los grandes trazos del modelo se mantendrían.
Por caso, se suele mencionar a Perú como ejemplo de lo que hay que hacer. Allí el esquema utilizado es el de metas de inflación, de pura cepa neoliberal. Julio Velarde, presidente del Banco Central, lleva 20 años al frente de la autoridad monetaria. En ese período cambiaron cerca de 25 ministros de economía.
Para la doctrina neoliberal, Perú es un “ejemplo de estabilidad macroeconómica”. Pueden cambiar los nombres y las ideologías de quienes asuman el Ejecutivo, pero el manejo de las herramientas queda siempre en manos de “técnicos” provenientes de los organismos y de los grandes bancos de inversión. Bien lejos de las necesidades de las mayorías.
Volviendo a nuestro país, las iniciativas del gobierno apuntan a modificar el marco legal para persistir con sus políticas de “destrucción” del Estado. No obstante, este modelo mantiene ciertas funciones como la seguridad, el control de las fronteras y de la protesta social, y las políticas que favorecen a los grandes conglomerados y fortunas.
La motosierra continúa funcionando a pleno y, en paralelo, la actual administración se sigue endeudando para asegurar el repago de los vencimientos.
Como siempre, la deuda la toman los gobiernos de derecha, mientras que los de otro signo político que los suceden tienen que hacer frente a los problemas. La herencia y las condicionalidades que dejará este gobierno serán muy complejas y difíciles de revertir, más aún si la oposición “amigable” acompañara todos los proyectos, una tendencia que no está resultando fácil de lograr, como lo muestra el cuarto intermedio en el Senado para el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada.
Es imprescindible avanzar en la construcción de una alternativa programática amplia con ejes opuestos a los que plantea el actual modelo.
