Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Más allá del supuesto surgimiento de “brotes verdes” que intenta instalar el viceministro de economía José Luis Daza, el modelo continúa mostrando sus propias aristas que indican que la mayoría de la población queda al margen de esta aparente mejora en la macroeconomía.
La convicción presentada por el funcionario no tiene un correlato directo con los datos económicos. Esta semana se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del mes de mayo que publica el Indec: una fotografía del patrón de crecimiento actual en el que algunas divisiones crecen y otras se achican. En efecto, mientras que los sectores de minería y agro crecieron un 15,7% y 4,6% interanual respectivamente, la industria se retrajo en un 5,6% y el comercio retrocedió en un 4,3%, estos últimos intensivos en mano de obra.
Para llegar al 3,5% de crecimiento que el FMI pronostica para 2026, deberíamos crecer en un 1% mensual durante los próximos siete meses. Un panorama bastante optimista, especialmente al tener en cuenta las perspectivas de los sectores, ya mencionados, que se encuentran en franco descenso y constituyen una parte importante de la medición del PIB.
Pero más allá de las estadísticas, lo que vale la pena resaltar son las características distintivas de este modelo, en el cual el buen desempeño de los sectores extractivos y del agro no es suficiente para absorber la demanda de empleo de nuestro país. El aumento de la informalidad laboral (según el Indec llegó a más del 44% en el primer trimestre de este año), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores/as y la baja en el nivel de consumo, especialmente en los productos de primera necesidad, son una muestra de la situación que atraviesa buena parte de la ciudadanía.
Hay toda una hipoteca hacia adelante con el aumento de la informalidad, para que luego, cuando llegue un gobierno con sensibilidad social, deba implementar moratorias para que la población que no tenga aportes vuelva a beneficiarse con la posibilidad de acceder a una jubilación y a las prestaciones del PAMI.
En cuanto a los salarios de los trabajadores, una simple medición basta para entender por qué cayó el consumo y aumentaron los niveles de endeudamiento de las familias. Tomando como referencia el acumulado de los primeros cinco meses, los salarios privados registrados cayeron un 5,5% en términos reales respecto a igual período de 2023, mientras que los salarios públicos mermaron un 21,1%.
Las expectativas no son buenas. El Índice de Confianza del Consumidor publicado por la Universidad Di Tella descendió un 12,3% en julio respecto de igual mes de 2025. Resulta interesante desagregar esta medición: la confianza en los sectores de altos ingresos cayó un 7,7% interanual en julio, mientras que en los de bajos ingresos hubo una merma del 20,4%, dando idea del impacto del ajuste en la población más desprotegida.
Por más que los miembros del Ejecutivo repitan frases ya conocidas, como “brotes verdes”, “lo mejor está por venir” y “lo peor ya pasó”, éstas no son más que expresiones propias de gobiernos neoliberales que administraron nuestro país, en los que la lógica fue aguantar, sufrir y tener fe en que tarde o temprano el bienestar va a llegar. La realidad es que con esas recetas los tiempos mejores nunca llegan y la insatisfacción social se incrementa.
Es improbable que las condiciones cambien con estas políticas. El propio Presidente fue explícito al manifestarse en muchas oportunidades con su frase más representativa: “Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro”. El objetivo del actual gobierno es un país sin regulaciones, sin Estado, dejando todo en manos del mercado. Como hemos mencionado varias veces, estas políticas generan grandes inequidades en la distribución de los ingresos.
La mejora que las calificadoras de riesgo le otorgaron a la Argentina no deja de ser una buena noticia, pero pensar que va a derramar sus beneficios sobre la ciudadanía sería, por lo menos, una excesiva simplificación de la interpretación de los procesos económicos. El gobierno está logrando, gracias a ese apoyo de las calificadoras, refinanciar vencimientos, y por otro lado hay en danza proyectos de inversiones que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales.
El tema es que las grandes empresas vienen gracias a todos los beneficios que les da el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), como la estabilidad fiscal por 30 años, la reducción del Impuesto a las Ganancias, la exención de derechos de importación y la libre disponibilidad de divisas. Con estas políticas la Argentina es un país al que pueden acudir las inversiones extranjeras directas, aunque generen muy poco valor agregado a cambio de la riqueza que se llevan.
El gran desafío para contrarrestar la situación actual es encontrar los denominadores comunes de las distintas luchas sociales, entendiendo que el problema es el modelo. Que las diferentes manifestaciones de descontento popular se unan y se expresen en torno a un programa común que pretenda instalar políticas diametralmente opuestas a las actuales.
