Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En los últimos tiempos hemos sido testigos de un peligroso corrimiento del eje del debate, que trata de hacer creer que los derechos elementales son un problema, así como la política y la propia existencia del Estado.
Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich están proponiendo un brutal ajuste para, supuestamente, “estar mejor” desregulando la economía y dejando que el mercado sea el que asigne los recursos. Cada uno, con su impronta, lo generaliza a todos los órdenes de la vida. Pero, por razones de conveniencia electoral, no dicen de manera explícita quién tendrá que pagar semejante ajuste.
En una entrevista que brindó esta semana, el ministro de Economía Sergio Massa comentó que Javier Milei “ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como una dolarización es en realidad la devaluación del 100 por ciento que el Fondo pidió hace cuatro meses”, en alusión al dólar de 730 que el libertario mencionó en un foro empresario.
Milei, prosiguió Massa, preludia un ajuste que en términos de la vida cotidiana de la gente representa que “pasamos de universidades públicas a universidades pagas", lo que implicaría, de acuerdo al ministro, unos 3 millones de pesos por año promedio por familia. Además, significa que el boleto de tren “pase a valer 1100 pesos y el de colectivo 650 pesos. Eso es el ajuste y la dolarización, que es el planteo de Milei. Lo tiene que saber también la PyME que debe importar", afirmó, "lo tiene que saber el jubilado, que por la tarifa de luz paga con subsidio unos 2500 o 3000 pesos, y esa boleta pasará a valer 14.000 pesos”.
En materia de gasto público, no hay que dejar de tener en cuenta que el 55 por ciento del gasto primario se concentra en las prestaciones sociales, que incluyen jubilaciones, pensiones, AUH, Potenciar Trabajo, PAMI, y otras políticas sociales. Estos sectores serán algunos de los verdaderos ajustados, en caso de que alguna de las dos principales propuestas opositoras prevalezca en las elecciones. Es fundamental lograr traducir los grandes números en términos del impacto en la vida cotidiana. También ponerles nombre propio a las cosas.
La doble vara del Estado
En 2022, durante mi intervención en el Parlamento sobre la renegociación del crédito del FMI al que accedió la gestión de Mauricio Macri, mencioné que durante la última dictadura cívico-militar la deuda pública externa trepó de 5000 a 32.000 millones de dólares. Gran parte del incremento provino de la estatización de la deuda externa privada, operación con la que se beneficiaron alrededor de setenta empresas, muchas de ellas pertenecientes o relacionadas a grupos económicos, que en general reniegan de la intervención del Estado. En todos los casos el Estado Nacional, representado en aquel entonces por funcionarios que respondían a los intereses de las empresas, se hizo cargo de la deuda privada. Se han servido del Estado en beneficio propio. Muy en línea con el Estado canchero.
Los conservadores siempre están en contra de las regulaciones y del Estado presente, porque ellos regulan con su poder. En materia laboral, quieren desregular los convenios colectivos y que se circunscriban a nivel de cada empresa porque así las personas asalariadas estarían desprotegidas. Cuando son a nivel de rama de actividad, en cambio, hay una fortaleza, las fuerzas se equiparan y la negociación adquiere otro carácter. Los que necesitan la protección de las leyes son los débiles. Por eso es fundamental que no se impongan las ideas que representan Milei y Bullrich.
Es necesario consolidar un Estado eficiente que actúe como debe actuar: representando los intereses del conjunto de la sociedad, en particular los de los sectores más desprotegidos.
En estas elecciones están en discusión dos modelos y ello no es un concepto abstracto. Las asignaturas pendientes son muchas, pero no hay que dejar de resaltar que el único camino es por acá, que por el otro lado todo va a empeorar y que se van a alejar las chances de poder avanzar en la construcción de una sociedad con más oportunidades, más justa y más solidaria.
