Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El jueves se anunció el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, consistente en la eliminación de una serie de controles fiscales de ARCA y la relajación de requisitos informativos que pide el Banco Central. En una segunda etapa se enviará al Congreso nacional un proyecto de ley que buscará “blindar el ahorro de los argentinos de futuras administraciones”.
Durante la conferencia de prensa, ante la consulta de una periodista acerca de la seguridad de los depósitos que las personas humanas y empresas tendrían en el sistema, el ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió: “La forma más directa es votando bien”.
En lo esencial, con este “Plan” se apunta a conseguir los dólares que al gobierno le hacen falta para poder avanzar con su proyecto de país.
Ocurre tras un nuevo endeudamiento con el FMI, que involucra un desembolso en el año de U$S 15.000 millones, y a poco de haber finalizado el último blanqueo.
Si el anterior blanqueo terminó la semana pasada, por el cual ingresaron unos U$S 22.000 millones en efectivo, ¿por qué ahora van a ingresar más dólares al circuito formal? ¿Será acaso porque ahora van a utilizar los dólares quienes no pudieron regularizar antes, ya que la ley aprobada en el Parlamento prohibía expresamente “blanquear” dinero del narcotráfico o de lavado de dinero, e, incluso a los funcionarios públicos que se desempeñaron en los últimos 10 años, sus familiares, etc.?
El ministro Caputo menciona a “la gente” para justificar las políticas. Cabe preguntar a qué “gente” se refiere. La mayoría no tiene dólares, apenas le alcanza para cubrir sus necesidades. Una parte de “la gente” puede tener dólares legales en “el colchón”, pero hay otra que los tiene porque dejó de pagar impuestos, como mínimo.
Esto se da en el marco de declaraciones del Presidente y otros funcionarios, con las que se trata de incentivar a quienes evadieron impuestos y fugaron dólares, y hasta se habla de un “Estado criminal”.
La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, alertó acerca de tomar decisiones que podrían ir en contra de “alinear el marco antilavado de dinero y de financiación del terrorismo de Argentina con los estándares internacionales”.
A su vez, los datos desmienten que sea un “Plan” para remonetizar la economía, como se trató de justificar. La base monetaria en abril del 2024 era 2,6% del PIB, y ahora es 4,2%, El circulante más los depósitos a la vista del sector privado no financiero era 6,20%, ahora es 7,50%. Y sumando los plazos fijos bancarios se pasó del 10,70% al 12,80%. Está claro que no faltan pesos. En rigor, lo que falta son mayores remuneraciones y jubilaciones dignas.
Derechos laborales en la mira
Los salarios de los/as trabajadores/as continúan verificando caídas en términos reales. En el caso de los registrados, en marzo tuvieron una pérdida del 1,2% con respecto a febrero, llegando a su menor nivel en seis meses. En particular, los salarios registrados privados cayeron 1,5% mensual.
Según cálculos de la consultora OJ Ferreres, si el gobierno impusiera su pauta del 1% mensual, los salarios registrados reales cerrarían el año con una caída en la medición punta a punta de 6,2%.
Un medio de comunicación de gran llegada señaló en el título de una nota: “Techo salarial: «No queremos más del 1%», dice el Gobierno y algunas empresas ya lo acatan”.
La contención salarial es clave para cristalizar el cambio conseguido por el gobierno en los precios relativos, en contra, claro está, del “precio” del trabajo, es decir, la remuneración de los/as trabajadores/as.
En este marco, la flexibilización laboral es promocionada como una herramienta para la formalización, pero en los hechos sería una “formalización sin derechos”. Es uno de los ejes de las políticas para después de octubre, en caso de que La Libertad Avanza obtenga un buen resultado en las urnas, según lo han expresado diversos integrantes del Poder Ejecutivo.
Se acaba de publicar el DNU 340/25, que embiste contra el derecho de huelga, al ampliar la categoría de los denominados servicios esenciales (que deben garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación) e incorporar el concepto de actividades trascendentales (deben cumplir con un 50%). Con ello se busca restringir una poderosa herramienta que poseen los trabajadores registrados para reclamar por mejores salarios y condiciones de empleo.
Desde hace un tiempo sostengo que el gobierno “viene por la clase media”, conformada, entre otros, por millones de personas trabajadoras formales, que están registradas, y perciben beneficios que son producto de grandes luchas y representan conquistas históricas.
