Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Tras bajar del avión que lo trajo de regreso de Estados Unidos, donde se reunió con representantes del gobierno de Joseph Biden y con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, Javier Milei afirmó que en Argentina “va a haber una estanflación --caída del PIB con inflación--, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va impactar negativamente en la actividad económica”. La semana pasada ya había dicho que “van a ser seis meses muy duros”.
Como ocurriera durante la campaña, y como pasa ahora en la transición presidencial, las declaraciones del presidente electo nos indican que se encarará un ajuste de grandes magnitudes, incluso mayor al que suele pedir el Fondo Monetario Internacional. Lo que no se dice es que este programa traerá más desempleo y una fuerte baja de los ingresos reales de amplios sectores de la población.
No es para minimizar que el único ministerio que tendrá una “billetera abierta” es el de Capital Humano, para dar contención a los “caídos”, según el presidente electo. Se está diciendo con todas las letras que las políticas van a tener costos sociales elevados.
También se anuncia que la inflación recién empezará a bajar en “18 o 24 meses”. La explicación es que supuestamente existe una “inflación reprimida” producto de las políticas de la actual gestión.
No obstante, a pesar del argumento de la “inflación reprimida”, si los precios suben será por responsabilidad de las políticas aplicadas por el nuevo gobierno. Con la eliminación de los Precios Justos, de los subsidios a las tarifas, o con una posible devaluación del dólar oficial, lo que se terminará consiguiendo es acelerar la inflación.
Impacto
En este marco, no todos los sectores se verán afectados por igual. De hecho, cuando se “liberan” todos estos precios hay otro que va en dirección contraria: el del salario, que cae en términos reales, al igual que ocurre con las jubilaciones y los beneficios sociales. Puja distributiva en su más pura esencia. Está claro que el ajuste no lo pagará la “política”, concepto que invocó Milei durante toda la campaña electoral.
Pensando en el mediano plazo, la recesión podría dar como resultado que, efectivamente, se logre contener la inflación, pero los daños en el tejido social se seguirán acumulando. Cuando los precios aumentan de tal manera que bajan el poder de compra de la población y por lo tanto la demanda, del otro lado también baja la oferta. Las empresas despiden trabajadores, y esas personas dejan de consumir, hasta llegar al punto que los precios dejan de aumentar por la reducción de las ventas.
Como suelo señalar, es importante arribar al equilibrio fiscal, pero ello no debe hacerse por la vía del ajuste del gasto, sino que debe provenir de los mayores ingresos fiscales producto del crecimiento de la economía, de la mayor y mejor fiscalización y de la progresividad tributaria. No es el proyecto que tiene el próximo gobierno, que aspira a construir un modelo de país donde todo sea definido por el mercado y en el que, previsiblemente, se amplificarán las diferencias.
El año 2023 estuvo muy marcado por los efectos de la sequía, que explican la caída de la actividad económica, y estos efectos no estarán presentes en 2024. En su informe más reciente, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que “el incremento en la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta podría transformar a Argentina en un “exportador neto de energía en el corto plazo”. Ello es un subproducto de las políticas públicas implementadas por el actual gobierno, no del mercado.
En todo este tiempo señalé que las posibilidades para el país eran alentadoras, a no ser que resultara electo un/a candidato/a que trajera consigo el libreto del ajuste, tal como, finalmente, terminó ocurriendo. Este camino, que es presentado como inexorable, es sumamente árido y sólo traerá, probablemente, recesión y desempleo, afectando el tejido productivo y social.
