Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Poder Ejecutivo sigue tratando de mostrarle a los mercados y al FMI que no le tiembla el pulso a la hora de defender el equilibrio de las cuentas públicas, independientemente de los padecimientos que ello genere en la ciudadanía.
Sin embargo, bajo los parámetros del actual modelo, el ajuste y el sacrificio nunca serán suficientes, ya sea porque los ingresos fiscales caen cuando lo hace la actividad económica, ya sea porque se adoptan decisiones deliberadas para eliminar impuestos o reducir sus alícuotas para favorecer a los sectores de mayor patrimonio y más concentrados.
No me canso de repetir que la cuestión de fondo es la concepción que tiene este gobierno de que la justicia social es una aberración, que hay que destruir al Estado, o que si no hay un negocio entonces no existe una necesidad. Pero también insisto en que no soy “simpatizante del déficit”, sino enemigo del ajuste como forma de resolverlo.
No obstante el duro recorte efectuado desde que asumió, el gobierno ha echado mano (y lo sigue haciendo) a la contabilidad creativa para maquillar sus números, registrando como deuda intereses que debieran pasar por la cuenta de resultados. De haberse imputado los intereses no se habría registrado en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de $1,9 billones sino un déficit de $15 billones.
¿Aprobarán esta práctica los técnicos del FMI que llegaron en la semana a nuestro país para evaluar el cumplimiento del programa? ¿Cuál será su posición a la luz de la decisión gubernamental de incrementar las Reservas Internacionales a través de nueva deuda?
Las medidas que toma esta administración tienden a deteriorar las cuentas externas. Recientemente se eliminó el requisito mínimo de permanencia de 180 días para inversiones financieras de no residentes, una decisión que fue criticada incluso desde algunos analistas de la ortodoxia, ya que fomenta el ingreso de capitales golondrina e incrementa la fragilidad del frente externo.
Por su parte, Morgan Stanley Capital International (MSCI), empresa que elabora índices de referencia sobre deuda soberana, acaba de confirmar que la Argentina –“que hace todos los deberes”— recién podría ser incluida en la lista de análisis para reclasificación en junio de 2026, y si dicho proceso resultara positivo, obtener en junio de 2027 el grado de “mercado de frontera” o, de “emergente”. Un revés para la estrategia financiera del gobierno, que disminuye sus probabilidades de colocar deuda en el exterior durante este año y el próximo. De modo adicional, la calificadora Moody’s hizo alusión a la apreciación del tipo de cambio y a su impacto “negativo” en la rentabilidad de las empresas manufactureras y exportadoras.
En este escenario, no deben pasar desapercibidos los datos de comercio exterior del INDEC. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el saldo de exportaciones de bienes menos importaciones fue de U$S 1.883 millones en comparación con U$S 8.862 en 2024. Medido en cantidades, en el período mencionado las exportaciones aumentaron un 3,4% (respecto a igual lapso de 2024) mientras que las importaciones se incrementaron en un 43,6%. Las compras externas de bienes de consumo evidenciaron el mayor nivel desde 2004, año de inicio de la serie. No es casual que ello ocurra: es un reflejo de la pérdida de competitividad y de la apertura importadora.
Los efectos del “dólar barato” también se expresan en la salida de divisas por viajes al exterior. Según los datos del Balance de Pagos, los egresos por este concepto fueron de U$S 4.923 millones en el primer trimestre de este año, contra U$S 2.300 millones de un año atrás, más del doble. No es de extrañar que la Cuenta Corriente (ingresos menos egresos de bienes, de servicios, de intereses y de remisión de utilidades) mostrara un déficit de U$S 5.191 millones en el primer trimestre, cuando un año atrás el signo había sido positivo en U$S 176 millones.
Estamos frente a un modelo claramente insostenible, desde lo social y lo macroeconómico. En este marco el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que es necesario “tener dos períodos de gobierno para llevar adelante todo este proceso de transformación” del país, que puede entenderse como un tácito reconocimiento de las dificultades que tienen para concretar los cambios legales que consoliden la desregulación y pérdida de derechos que intentan aplicar. Omitiendo que, para ello, previamente, necesitan ganar las próximas elecciones parlamentarias y las presidenciales de 2027.
