Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Las movilizaciones del jueves fueron masivas en todo el país. Además, fueron múltiples y diversas: trascendieron la defensa de la educación pública y sumaron una gran cantidad de reclamos como los de personas jubiladas, endeudadas, con discapacidad e inquilinas, entre otros. Hubo en las calles de toda la Argentina una confluencia de numerosos sectores.
Pero el gobierno sigue en la suya. No pone el foco en el carácter democrático de las marchas y desconoce la multitud en las calles.
Respecto de los “incidentes” en las afueras del Congreso, hubo un dato sugestivo: la represión comenzó muy temprano. A las 15 horas las fuerzas de seguridad ya habían lanzado gases lacrimógenos que se fueron generalizando durante el trascurrir de la tarde. La lectura del documento había sido fijada para las 16 horas. Por supuesto, muchos que salían de sus trabajos y veían la plaza atravesada por una humareda blanca y poblada de uniformados, dudaban o desistían de ir. ¿Fue parte de una operación planificada para desmovilizar y restarle masividad a la convocatoria?
En la misma línea, los “incidentes” fueron producidos a la vista de todos. La violencia fue televisada. Los “manifestantes” rompiendo bancos de piedra para proveerse de proyectiles estuvieron visibles todo el tiempo. No hubo ningún cuidado por ocultar la escena.
Por otro lado, la sesión llamada para ese mismo jueves en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/2023 se cayó por falta de quorum. Pero es necesario un poco de historia: hubo dos intervenciones recientes de la Corte Suprema de Justicia sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales contenida en el artículo 154 del DNU 70/2023. En la primera, el Tribunal Superior revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la ley. La Corte entendió que el organismo impulsor, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, no contaba con “legitimación activa” para llevar adelante la demanda. En la segunda, ante un pedido de aclaratoria presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a comunidades indígenas, la Corte modificó su decisión: el Tribunal suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023. En ese escenario, la oposición en Diputados llamó para este último jueves a una sesión, que no tuvo lugar por la mencionada falta de quorum, para tratar la totalidad del DNU 70/2023.
En síntesis: el gobierno perdió, pero logró no perder por goleada. Hubiera sido derrotado por goleada si la oposición hubiera logrado dar marcha atrás con el Decreto 70/23: el corazón del proyecto político–económico del gobierno. Ese decreto es una reforma constitucional encubierta que ha cambiado cuestiones estructurales de la Argentina.
¿Por qué perdió el gobierno? Porque por ahora se quedó sin la derogación de la Ley de Tierras. ¿Por qué no perdió? Porque evitó, haciendo caer el quorum, que se discutiera todo el DNU 70/2023.
Lo que sucedió este jueves en las afueras del Congreso está en una línea similar a lo que hace el oficialismo cuando manipula los debates, falsea la información o insulta a sus opositores. Trata de dificultar el funcionamiento democrático, interrumpiendo las protestas o violentando y desordenando las discusiones.
No es que el gobierno se equivoca: más bien utiliza una metodología de intervención en la discusión pública. El libro “Los ingenieros del caos” es el manual operativo del oficialismo. No importa la verdad de los datos: lo que importa es que la conversación gire alrededor de ellos.
La producción de la confusión es la práctica permanente del gobierno. De ese modo es muy difícil el debate público. El ministro de Economía aseguró que el país tenía un colchón de 75 mil millones de dólares de Reservas y el Presidente, pocos días después, afirmó que eran 125 mil millones. Entre el dato del ministro y el del Presidente hay 50 mil millones de dólares de diferencia.
Más allá de las maniobras discursivas del oficialismo, hay datos incuestionables: por ejemplo, Argentina es uno de los países más endeudados del mundo en relación con su producto bruto, es decir, en referencia a su capacidad de generar ingresos para pagar sus deudas. Por eso el riesgo país continúa siendo alto, situándose por encima de los 600 puntos.
¿Qué es el riesgo país? Es un indicador que mide la sobretasa de interés que el mercado le exigiría a un país para prestarle dinero. Tiene como referencia la tasa del bono a diez años del Tesoro de los Estados Unidos y se expresa en puntos básicos (por ejemplo, 100 puntos equivalen a un 1% adicional de interés que el país debería pagar por sobre el bono de referencia). Argentina, por lo tanto, con un riesgo país que supera los 600 puntos, debería abonar alrededor de 6 puntos por encima de la tasa del bono a diez años del Tesoro de los Estados Unidos.
Hay otra cuestión: la Argentina paga una multa o una sobretasa por haber contraído una deuda con el Fondo más grande que la que sería prudente otorgar de acuerdo con sus propios reglamentos. La pregunta es simple: ¿Por qué la Argentina no está negociando el fin de esa sobretasa que debe afrontar por la deuda con el FMI, deuda que actualmente ronda los 60 mil millones de dólares?
Es muy llamativo: el Fondo no debería prestarle a un país lo que, según sus propios reglamentos, no debería prestar y, sin embargo, castiga a ese mismo país con una multa por recibir un préstamo por un monto que no debería haberle concedido.
En este escenario, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, volvió a hablar de la necesidad del ajuste fiscal. Sostuvo que “las economías emergentes deberían esforzarse por ampliar su espacio fiscal”. No dice “ajuste”. Pero es ajuste. Acepta que se trata de una “ardua tarea”, dado que “la población se ha acostumbrado al apoyo estatal”.
Para el Fondo, ajustar es siempre recortar gastos. Pero hay alternativas: en lugar de recortar el gasto universitario, en salud o en obra pública, ¿por qué no recortar el gasto financiero? Este recorte también incidiría en el resultado fiscal equilibrado que se tiene como objetivo. Como siempre decimos: no somos hinchas del déficit sino enemigos del ajuste.
El gobierno practica de manera creciente una mezcla problemática de democracia restringida y violencia. No sólo por la represión sobre los y las manifestantes sino también por el maltrato sistemático a los ciudadanos y las ciudadanas que sufren el empeoramiento constante de sus condiciones de vida.
