Boletín Notisol Nº 534

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24/8/2020 | AÑO XI N°534

Servicios públicos esenciales


Claudio Boada
Director de la Unión de Usuarios y Consumidores

 
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado este viernes por el Presidente de la Nación aporta dos soluciones, una de coyuntura y otra que se proyecta en el tiempo. La primera es el congelamiento de los precios de una gama de servicios —entre los que encontramos los de telefonía móvil, internet y TV por Cable— hasta fin de año en consonancia con el congelamiento de otros servicios públicos (luz, gas, aguas y cloacas, etc.). Frente a la voracidad de las grandes corporaciones proveedoras de estos servicios, que ya habiendo realizado aumentos en estos años buscaban nuevamente imponer aumentos muy difíciles de soportar para la mayoría de la población; el gobierno nacional decide imponer el congelamiento de las tarifas de los mismos. La segunda medida, decíamos, se proyecta en el tiempo. Se declaran servicios públicos esenciales la telefonía móvil, internet y TV por cable, entre los más frecuentes. Esto implica —entre otras características— la necesidad de una prestación universal (para todos los argentinos, en todo el territorio nacional) uniforme (de la misma calidad para todos) estableciendo el Estado requisitos en cuanto a calidad, y con precios regulados por el mismo. Desde ahora el Estado participará en la fijación de precios y las asociaciones de consumidores plantearemos la necesidad de una participación en representación de los usuarios en el debate de los precios.
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Un servicio, un derecho

“Una y mil veces hemos hablado de algo que va más allá de este Decreto, en lo referido a quiénes deberían ser los prestadores de los servicios públicos esenciales”, sostuvo Carlos Heller en su columna semanal para Marca de Radio, al reflexionar acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado en el Boletín Oficial por el Ejecutivo nacional, que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos. Y agregó: “Miles de veces dije que, si un servicio es esencial y en consecuencia es un derecho, parece poco lógico que el prestador sea alguien que tiene como objeto la maximización de la ganancia. Debería ser alguien que tiene como objeto la prestación del mejor servicio al menor precio posible y esa no puede ser una empresa de lucro. Y esta medida del gobierno va en esa dirección. No se mete con la propiedad de las empresas, pero las lleva a un marco de tener que funcionar como prestadora de servicio público esencial. ¿Quién puede negar hoy que internet es esencial para la vida de la gente? Va de suyo que es un servicio público esencial, es absolutamente lógico que sea el Estado quien se encargue de poner las reglas y establecer las tarifas, incluso las tarifas diferenciales para los sectores vulnerables. Porque algo que es esencial y es un derecho, tiene que llegarle a todos, no puede depender de si se puede o no pagar. Celebremos la noticia, porque va en la dirección de lo que esperamos y votamos miles de argentinos”.
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Negocios porteños

En su columna Porteño de Ley, para Caballero de Día, Juan Carlos Junio se refirió a dos fallos de la Justicia de la Ciudad, que ponen en evidencia la asociación entre grupos empresarios de la construcción y funcionarios del gobierno porteño que generan un conjunto de negocios que perjudican a la sociedad, económica y ecológicamente. “A través de la acción conjunta de los vecinos que se organizan y luchan y del trabajo en apoyo a esa lucha de los medios, que en ocasiones parece inútil ante el poder de Rodríguez Larreta, pero que en casos como éstos se demuestra que no lo es”, sostuvo Junio. Y agregó: “Se está logrando que no se destruya patrimonio histórico y esencialmente que no se continúen construyendo decenas de miles de metros de cemento, avasallando toda perspectiva de una ciudad ecológica donde se pueda vivir de una forma más sana y mejor”.
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La vara de la democracia

“Distintos sectores de la oposición buscan presionar a diputados y diputadas para que no den quórum al debate sobre la reforma judicial. Con consignas violentas y antidemocráticas también se movilizaron en las calles. Es momento de trabajar entre todas y todos para elevar la vara de la democracia”, sostiene el diputado nacional Eduardo Fernández en una nota de opinión. Y continúa: “Durante la semana, a través de un tweet el grupo empresarial pyme denominado «C20» me solicitó que no asista al debate por la reforma judicial que se dará en los próximos días en el Congreso de la Nación. El mismo pedido fue dirigido a los 17 legisladores de nuestra provincia, haciendo especial hincapié en los del Frente de Todos y en los de Hacemos por Córdoba. El objetivo que persiguen es que no se otorgue quórum y que el proyecto de ley no se pueda debatir en el ámbito natural donde debemos intercambiar ideas y debatir las normas que regirán en el país”.
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¿El futuro ya llegó?

“La coyuntura suele analizarse a través de datos concretos, que pueden ser buenos o malos, pero al fin de cuentas son un reflejo de la realidad. Permiten extraer conclusiones sobre las políticas que un gobierno está adoptando. El futuro, en cambio, sólo puede ser proyectado, y eso lo sitúa a veces en el plano de las especulaciones”. De esta manera comienza Carlos Heller su panorama político económico semanal para Tiempo Argentino. Para luego continuar señalando: “El problema surge cuando la realidad trata de ser sobrepasada por las especulaciones. Eso pareciera estar pasando al analizar algunos comentarios que buscan incidir en el humor diario y la agenda cotidiana. No es casual que se disparen afirmaciones sobre todo lo malo que podría pasar, justo cuando hay un gobierno que empieza a mostrar resultados en diversos frentes, como el de la deuda, o el de producción de vacunas contra el Covid, entre otros”.
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20f71931-668e-4188-8ade-7dd2ce963884.pngTerritorios

En el marco de los conversatorios que viene llevando adelante el PSol bonaerense, se realizó el miércoles pasado el encuentro “Agenda feminista: desafíos y urgencias en tiempos de pandemia”. Mientras que el Presidente de la fuerza solidaria de la provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, reflexiona acerca de la seguridad alimentaria y repasa las respuestas urgentes para el territorio. Por su parte, Danitza Kilibarda, del PSol de Nono, Córdoba, relata la construcción de la Asociación Civil La Casa de Todos. Por último, desde Mendoza, el Partido Solidario local cuestionó la propuesta de reforma de la Constitución provincial “que presentó el gobernador Rodolfo Suárez bajo los lineamientos de su antecesor” porque “promete sin demostrarlo que «bajará gastos» pero —por el contrario— le puede salir muy cara a la provincia de Mendoza” y reclamó “una carta magna moderna para un Estado presente que asegure los derechos fundamentales básicos a todos”.
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