Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno continúa con sus planes de ajuste y desregulación, que impactan en la vida de los argentinos y las argentinas y dejan la gestión de los aspectos esenciales en manos de los mercados.
En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei señaló: “todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3000 que tenemos pendientes también. Y seguiremos trabajando en más reformas”. Asimismo, expresó: “mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda, y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita un 50% mayor que el de Estados Unidos”. Cabe decir que el ejemplo de Irlanda no es el mejor. Las autoridades de ese país bajaron significativamente, desde 2003, la tasa de impuestos corporativos, lo que incentivó la radicación de más de 1500 multinacionales, tales como Facebook, Google y Amazon. Como las ventas de esas compañías se declaran en Irlanda, se computan en el cálculo del PBI, pero no realizan allí su actividad económica ni generan empleo en el país: sólo se aprovechan de una ventaja fiscal.
Para el próximo mes se espera otro golpe sobre el poder adquisitivo producto del aumento de las tarifas de gas, que se incrementarían en abril entre el 250 y el 480% respecto del valor promedio abonado en marzo, según las distintas categorías de consumo. Se dispuso además un aumento del 1000% del cargo fijo que va directamente al usuario, y si bien es más alto a mayor ingreso, según los tres segmentos existentes, tendrá un mayor impacto en los menores consumos. Es un pago altamente inequitativo, pues pasa a ser un ítem importante en la tarifa que se pagará independientemente de lo que se consuma.
Se acaba de anunciar que a partir de este mes rige un aumento en las boletas de AySA en el AMBA. Según se informó en los medios, la factura media mensual sin impuestos pasará a costar $ 30.784 (hasta ahora era de $ 9962). A su vez, se dispone que el valor se actualizará mensualmente a partir de junio (inclusive) aplicando una fórmula que combina el índice de precios mayorista, el minorista y la evolución de los salarios que mide el Indec.
También se eliminó el fideicomiso del trigo, creado en marzo de 2022 con el fin de subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos elaborada por los molinos. La implementación de esta política contemplaba “volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales para la dieta cotidiana de las argentinas y los argentinos”. Este fideicomiso tenía por objetivo ser utilizado en momentos específicos de aumento del precio del trigo y evitar su traslado al precio de sus productos, algo que no ha sido fácil de lograr debido a la “puja distributiva”.
En forma idéntica, el gobierno eliminó de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, la tarea de establecer precios de referencia durante la zafra para garantizar un valor justo a los productores de materia prima, en una actividad altamente atomizada, que los protegía frente a las grandes empresas industrializadoras. Con la medida, se convalidan las asimetrías que benefician a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores yerbateros.
En cuanto a los distintos indicadores de la marcha de la economía, en marzo la recaudación tributaria, en términos reales, cayó un 15,5% interanual, muy afectada por los impuestos que dependen de la actividad interna, como el IVA (-19%) y el impuesto a los créditos y débitos (-12%). Si se excluyen los tributos asociados al comercio exterior (impuesto PAIS y retenciones), la caída es muy superior. La serie sin estacionalidad muestra que la recaudación real de marzo 2024 es la peor desde mayo de 2020 (46 meses), en plena pandemia.
Por su parte, las contribuciones patronales cayeron un 16,3% y los aportes personales un 26,7%, reflejando los daños que están sintiéndose en materia de empleo. No es una situación puntual sino la repetición de lo ocurrido en los meses previos.
De hecho, el último dato de salarios indica que se han ubicado, en términos reales, en su menor nivel en 19 años. En enero, los salarios medidos por el RIPTE (salario de trabajadores formales) han evidenciado una caída interanual del 22%, centrada en los dos últimos meses, ya que comparados con noviembre de 2023 muestran una caída del 18 por ciento.
El Fondo Monetario Internacional volvió a destacar la labor del gobierno. Su vocera, Julie Kozack, señaló en conferencia de prensa que los avances del programa son “impresionantes” y que se está implementando “decisivamente un plan de estabilización ambicioso para restaurar la estabilidad macroeconómica”. Ponderó particularmente los superávit fiscales (financieros) de enero y febrero, y “los esfuerzos de las autoridades (argentinas) para ampliar la asistencia social y las ayudas focalizadas en subsidios para la niñez, así como para proteger el valor real de los haberes jubilatorios”. Sin duda, el FMI no recoge la información en los barrios populares ni en los centros de jubilados.
Los números muestran que los “esfuerzos” van en la dirección contraria a la elogiada por Kozack, ya que es en el rubro de jubilaciones y pensiones donde principalmente está recayendo el ajuste del gasto público. Así lo indican las distintas normas del Ejecutivo, como el caso del decreto 274/24, que apunta a consolidar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados/as, al desconocer una parte significativa de la inflación de diciembre y enero.
El jueves pasado se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en el marco del debate de los distintos proyectos de modificación de la movilidad jubilatoria. Allí, los voceros del oficialismo señalaron que “la fórmula de movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones, no para recomponer”. En efecto, el gobierno ofreció una “recomposición” del 12,5%, muy por debajo de la inflación de estos meses. Vuelvo a repetir lo que mencioné en mi anterior columna: es preciso que además de la inflación se incorporen en la fórmula variables como los salarios o la recaudación, para que a futuro, en el marco de otras políticas, las jubilaciones no estén al margen de lo que ocurre con la actividad económica y así se puedan empezar a recuperar.
El lugar en el que debe tratarse el cambio de la fórmula previsional es el Parlamento. Desde el bloque de Unión por la Patria propusimos “que el martes 9 de abril se dictamine en Diputados y que el tratamiento de la movilidad jubilatoria llegue urgente al recinto”. Pero para ello se necesita un dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de la de Presupuesto y Hacienda, aunque el presidente de esta última no ha mostrado intención aún de considerar el tema.
Mientras reniega del rol del Estado y de sus principales instituciones, el gobierno avanza con un brutal ajuste del gasto y con la desregulación de la economía, incluyendo la apertura importadora. Son distintas caras de una misma moneda que, por un lado, garantiza máximas ganancias para las grandes empresas y, por el otro, afecta a millones de hogares, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.
