Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Aunque en apariencia el proyecto oficial de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central iría en contra de la idea promovida en la campaña electoral de “cerrarlo”, los objetivos de fondo no cambian. Prácticamente se quiere vaciar de contenido la función de la autoridad monetaria en lo relativo al uso de herramientas anticíclicas para promover la inversión, la actividad económica y el empleo.
La propuesta de reforma nos lleva al espíritu de la convertibilidad, momento en que la Carta Orgánica velaba exclusivamente por preservar el valor de la moneda. Si bien en todo ese tiempo se mantuvo una inflación baja, a la par se iban gestando otras problemáticas como el elevado desempleo, la recesión, y la crisis financiera de fines de 2001.
Este período es una demostración de que la meta exclusiva de defender el valor de la moneda impuesta al Banco Central, no produjo una mejora en la situación de las personas y de la economía, sino todo lo contrario: sucede que los beneficios de tener una inflación baja pueden verse diluidos.
Respecto del sentido de oportunidad de la reforma, está claro que para avanzar con sus políticas, el Gobierno no necesita modificar la Carta Orgánica. Lo primordial es que se quiere convertir al Banco Central en un obstáculo para otro modelo de país en el futuro.
La nueva Carta Orgánica garantizaría la continuidad del actual directorio del BCRA más allá del 2027, al incrementarse las dificultades para su remoción. Es un aspecto de la reforma particularmente preocupante, ya que la política monetaria se volvería inamovible, gane quien gane las elecciones.
Los gobiernos son siempre producto de la voluntad popular, y si tiene éxito esta iniciativa, se podría dar el caso de que la conducción de un órgano designado por una administración que pierde las elecciones continúe durante una gestión que tenga el propósito de ir en otra dirección, quitándole las herramientas para ello. Esta concepción tiene un profundo sentido antidemocrático.
“Grillete”
El denominado “grillete fiscal” es otro cambio institucional con la mirada puesta a futuro, buscando maniatar al Estado para la persecución de objetivos de desarrollo económico y social. En los hechos, se establece que si hubiera déficit por varios meses, el Parlamento tendría un plazo breve para corregirlo. De no ocurrir, se activaría el “grillete”, una paralización de las actividades estatales no esenciales.
Hoy estamos frente a un gobierno que no duda en ajustar ante el más mínimo desvío, y en este marco los últimos números fiscales no son alentadores. Con datos a julio, en lo que va del año la recaudación real acumulada (descontada la inflación) fue 4,3% más baja que un año atrás. Se observó una importante caída en los ingresos vinculados al comercio exterior, aunque también cayeron los asociados a la actividad interna y al mercado laboral (aportes y contribuciones patronales).
Los datos acumulados sirven para tomar nota de tendencias. La merma de la recaudación, en parte por el achicamiento del mercado interno y de la industria, así como por la mayor informalidad, se está convirtiendo en una constante. La caída de ingresos públicos también se vincula a la política de bajar las alícuotas a las retenciones y otros impuestos, como el de Bienes Personales. Resulta ilustrativo que las mismas autoridades que argumentan que todo incremento de gastos debe venir con su correspondiente fuente de ingresos, cuando se trata de reducir impuestos (en especial a los sectores de mayor patrimonio) no digan cuáles gastos van a recortar.
El “grillete” es una concepción que excede el plano fiscal. La actual gestión tratará de avanzar lo más que pueda en la reconfiguración de la economía y de la sociedad, apuntando en paralelo a que los cambios se perpetúen en el tiempo. No es casual que el primer mandatario haya comentado que “hacen falta 50 años más de liberalismo”, en una actitud que prolonga cada vez más los prometidos beneficios (difícilmente existentes con dicha prédica), ante la dificultad de poder exhibirlos hoy y en los años venideros.
Sin embargo, la ciudadanía posee reservas que no se deben minimizar y que nos permiten ser optimistas sobre el futuro. El rechazo mayoritario a los cambios vinculados a la Ley de Tierras vigente, que motivó el retiro del capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para su tratamiento legislativo, no deja de ser un aspecto a destacar en el actual contexto.
